La actual normativa sobre accesibilidad en las páginas web

La accesibilidad digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal en muchos países, incluido España. Ya no se trata solo de una cuestión de responsabilidad social o de compromiso con la inclusión: las organizaciones, especialmente las ONG y las empresas con impacto social, deben garantizar que sus páginas web sean accesibles a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.

En este artículo repasamos cuál es la normativa vigente sobre accesibilidad web, qué implicaciones tiene para las entidades y cómo dar pasos prácticos para cumplir con ella.

¿Qué entendemos por accesibilidad web?

La accesibilidad web se refiere a que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda navegar, interactuar y comprender los contenidos de una página web. Esto incluye a personas con discapacidad visual, auditiva, motora o intelectual, pero también a quienes se encuentran en situaciones temporales de limitación (como una conexión lenta, un dispositivo con pantalla pequeña o una lesión en la mano).

La referencia internacional en este ámbito son las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), por sus siglas en inglés), desarrolladas por el World Wide Web Consortium (W3C). Estas pautas definen niveles de accesibilidad (A, AA y AAA) y recomendaciones técnicas para garantizar que los sitios web sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos.

 

El marco normativo en España y la Unión Europea

En España, la accesibilidad web está regulada principalmente por el Real Decreto 1112/2018, que transpone la Directiva (UE) 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de organismos del sector público.

Aunque el foco inicial fue el ámbito público, la normativa también impacta de manera progresiva en el sector privado, especialmente en servicios considerados de interés general o en organizaciones que reciben financiación pública. Algunos puntos clave:

• Obligatoriedad para el sector público: administraciones, universidades, hospitales, bibliotecas y otros organismos deben garantizar que sus webs y apps cumplan al menos el nivel AA de las WCAG 2.1.
• Extensión al sector privado: a raíz del European Accessibility Act (2019/882/UE), a partir de junio de 2025 determinados servicios y productos digitales del ámbito privado también deberán ser accesibles (e-commerce, plataformas de banca online, servicios de transporte, etc.).
• Supervisión y sanciones: existe un sistema de monitorización en España, gestionado por el Observatorio de Accesibilidad Web (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), que realiza evaluaciones y puede derivar en requerimientos de mejora.

¿Qué significa esto para ONG y empresas con impacto social?

Muchas ONG, fundaciones y empresas con propósito ya incorporan la accesibilidad como parte de su identidad inclusiva, pero ahora también deben considerarla como requisito legal y técnico.

Algunos escenarios habituales:

• ONG que gestionan servicios sociales: si reciben financiación pública o colaboran con administraciones, están sujetas al Real Decreto 1112/2018.
• Empresas sociales con e-commerce: a partir de 2025 deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos en el Acta Europea de Accesibilidad.
• Entidades con vocación de transparencia: más allá de la ley, tener una web accesible refuerza la credibilidad y la coherencia con los valores sociales que defienden.

Además, cumplir con la normativa supone una ventaja competitiva: mejora el posicionamiento SEO, amplía la audiencia potencial y reduce barreras de entrada para diferentes públicos.

Requisitos básicos de accesibilidad

Algunos de los aspectos que marca la normativa y que conviene revisar en cualquier web son:

• Textos alternativos en imágenes para que puedan ser leídos por lectores de pantalla.
• Contraste suficiente entre colores de texto y fondo.
• Navegación por teclado sin necesidad de ratón.
• Jerarquía clara de títulos y uso correcto de etiquetas HTML.
• Subtítulos y transcripciones en vídeos y audios.
• Formularios accesibles, con etiquetas e instrucciones claras.
• Lenguaje claro y sencillo, especialmente en contenidos dirigidos a la ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos no solo evita sanciones, sino que también mejora la experiencia de todas las personas usuarias.